Lilia Chacón A.
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Los ilícitos financieros de mayor crecimiento son el robo de identidad y el fraude de cheques, indicó Frank W. Abagnale, especialista en seguridad de documentos para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Bueno, Abagnale fue desde los 16 años uno de los estafadores más famosos de Estados Unidos; en cinco años robó 2,500 millones de dólares, se hizo pasar como piloto aviador, asistente del Procurador General de Estados, profesor universitario y pediatra. Su biografía se relata en el libro y en la película "Atrápame si puedes".
De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, cerca de 500,000 estadunidenses son víctimas de robo de identidad al año, mientras que las pérdidas por cheques fraudulentos son de 20,000 millones de dólares anuales afirma la consultora Nilson Report.
En opinión de Abagnale, el robo de cheques se está incrementando por se ha vuelto una acción simple, en tanto que el robo de identidad es una de las actividades criminales más provechosa de la historia, al utilizar los nuevos recursos tecnológicos.
De hecho, señaló que recientemente se procesaron criminales cibernéticos que utilizan sitios electrónicos y virus informáticos para obtener datos personales y de tarjetas de crédito.
Sin embargo, lo más graves es que estas herramientas están al alcance de cualquiera, pues por 35 dólares se puede comprar un CD con toda la base de datos de los certificados de nacimiento y defunción, para después solicitar un nuevo certificado por correo electrónico.
También mencionó páginas Web que por 50 dólares proporcionan los números del seguro social de cualquier persona, así como la venta de cheques falsos en blanco de cualquier parte del mundo por 4 dólares por una orden mínima de cinco.
Otros facilitadores del fraude son también las fotocopiadoras a color de alta resolución, escáner e impresoras láser a color y sitios web donde se puede adquirir papeles similares a los bancarios por 20 dólares.
Ante esta nueva oleada de robos financieros, Carlos Ramírez, subdirector de la división de Tratamiento de ilícito de la consultora de Administración de Seguridad e Inteligencia Preventiva (PRISM, por sus siglas en inglés), dijo que las empresas deben establecer una relación más estrecha con las instituciones jurídicas y de investigación, para desarrollar acciones de prevención más que de corrección.
Advirtió que las políticas de seguridad necesitan integrar metodologías para el manejo de ilícitos, establecer una cultura de sensibilización de riegos y de alertas, desde la manipulación de documentos, hasta la propiedad intelectual.
Bajo este contexto, Unisys presentó su Sistema de Monitoreo de Actividades de Riesgo, que ayuda a las instituciones financieras, tiendas y autoridades, reaccionar en tiempo real ante actividades sospechosas de fraude.
Eleazar Katz, director de prácticas de riesgo y fraude para los servicios financieros globales de Unisys, indicó que el riesgo más alto es no contar con herramientas que prevengan los fraudes en tiempo real, porque las acciones correctivas son lentas, poco efectivas y caras.
“El costo total por resolver el robo de un dólar es de cinco dólares, el primero es el dólar robado, el segundo por levantar la averiguación, tercero por hacer la investigación, cuarto encontrar al responsable y el quinto por la demanda”, detalló Carlos Ramírez.
Katz abundó que los cajeros automáticos pueden detectar acciones sospechosas y “disparar” algunas políticas de seguridad, después de realizar un análisis multidimensional de la acción, ambiente y perfil de usuario en tiempo real.
Con esta aplicación pueden identificar si es uno de los cajeros que el cliente utiliza frecuentemente, si corresponde con su horario acostumbrado, el tiempo y lugar que realizó su última operación (para efectos de colisión) y si corresponde a promedio de los montos que acostumbra retirar, en otros ángulos posibles, en cuestión de segundos.
En caso que la acción sea sospechosa, el administrador cierra el acceso, establece regla y facilita la acción de los especialistas en detección de fraudes, robos de identidad, lavado de dinero y otros ilícitos en tiendas e instituciones de gobierno.